Artículo redactado por el ingeniero José María Romero Maletti y publicado previamente en el newsletter del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial
“Nada es tan urgente hoy en la Argentina como recrear la esperanza” reza un matutino nacional.
“El descrédito de la clase política tiene fundamento. En la Argentina no ha fallado un sistema o un “modelo” económico-financiero. Han fallado las conductas políticas que no han atendido otra lógica que la de los intereses más bajos antes que el bien común.” afirma otro matutino.
La conclusión es que los argentinos hemos perdido la esperanza y que la causa principal es la corrupción.
Creo, sin embargo, que a la esperanza podemos renacerla, si atacamos las dos causas que han destruido económicamente a nuestro país y están socavando las bases de la convivencia social. Esas causas son:
• La corrupción de nuestros funcionarios públicos
• Su incapacidad para tomar y ejecutar decisiones correctas.
Debemos atacar con fuerza y energía esas dos causas. Para la primera , la corrupción, propongo la Ley de Defensa Contra la Corrupción, que incluiría en primer lugar, la de aceptar que todo funcionario público reconocido por la justicia, culpable de un acto de corrupción, sea declarado traidor a la patria, porque habiendo depositado en él nuestra confianza, nos ha vilmente defraudado, contribuyendo a la ruina del país.
Esa condición de traidor a la patria está a su vez asociada a dos aspectos fundamentales: es imprescriptible; es decir, no caduca con los años y su pena es la reclusión perpetua.
Obsérvese que los jueces también entran en la categoría de funcionarios públicos y a ellos les cabrían las generales de la ley.
Por otro lado, esa calificación constituirá un verdadero paño frío para el “vivo”, típico personaje de nuestra sociedad, muy bien descrito por Marcos Aguinis en “El atroz encanto de ser argentinos”. El “vivo” envidia y se soslaya con aquellos que saben subrepticiamente quedarse con lo ajeno.
Siendo que ese personaje por otro lado, como todo argentino, es amante de su patria, no podrá aceptar más a los “vivos” tildados de traidores a la patria. Los corruptos perderán una aviesa fuente de poder.
Con la incorporación al Código Penal de la categoría de traidor a la patria que propongo, para todo funcionario público corrupto, conseguiremos en el campo de la corrupción lo que la Ley de la Defensa de la Democracia consiguió en el campo de los golpes militares, que azotaron también al país durante cincuenta años.
También en esa ley se cumplen las dos condiciones que estoy proponiendo para la Ley de Defensa Contra La Corrupción, imprescriptibilidad y reclusión perpetua.
Idoneidad para el cumplimiento de la función pública
Por otro lado para superar la causa de la ineptitud, propongo en primer lugar que se reglamente el artículo de la Constitución que establece que para cubrir un puesto en la función pública, basta la idoneidad.
Compárese esa disposición con lo que sucede en la actividad privada, donde para entrar a trabajar en cualquier empresa seria, se requiere, aun para puestos de baja responsabilidad, un currículum apropiado.
En cambio para ser Presidente de la Nación, solo basta ser idóneo. Esa cláusula puede tener vigencia en las democracias maduras, donde la responsabilidad de sus ciudadanos es la regla común y el concepto de idóneo se toma con total seriedad.
No es el caso nuestro y el proceder derivado de ese artículo, ha contribuido significativamente a la baja calidad de nuestros funcionarios públicos.
La reglamentación del artículo indicado, permitirá que los ciudadanos siempre tengan opciones entre personas realmente idóneas. Este requisito luego deberá bajar hasta los niveles inferiores de la Administración Pública
Por otro lado, es necesario poder controlar los actos del Estado y que todo el gobierno entre en un proceso continuo de aprendizaje, debido a que nuestros gobiernos no aprenden y caemos repetidamente en los mismos errores.
Para ello debería complementarse el instrumento denominado Misiones y Funciones, (único elemento donde precariamente se indican las responsabilidades de cada funcionario, pero de una forma tal, que hace imposible el control, pues solo está constituido por proposiciones generales), con un Acuerdo de Responsabilidades de cada puesto, donde figuren además de los objetivos, las metas, la información con que se controlará el cumplimiento de las metas y las políticas a tener en cuenta para el logro de las mismas.
Todo esto en la Web para permitir que todo ciudadano lo pueda controlar. De esa forma se podrá realizar una evaluación seria del cumplimiento de las responsabilidades de cada funcionario y los ajustes que se vayan haciendo a las políticas, como consecuencia de los desvíos entre metas y resultados, irá reflejando el avance de los resultados del aprendizaje y por Dios, dejaremos de tirar los costos productos de la ineptitud y en cambio tenderemos, con todas las propuesta de esta nota, a lograr un excelente capital humano en el Estado.
viernes, julio 28, 2006
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