Pareciera ser que el gobierno nacional no tiene temas urgentes que resolver como la inflación, la crisis energética, la caída del ingreso real, el creciente desabastecimiento, la inseguridad y mil problemas estructurales más, dado que dedica su tiempo a debatir si los hijos llevarán en primer lugar el nombre de la madre o si se elimina el obispado castrense. Francamente, esta situación me desconcierta, porque o no tienen noción de lo que está ocurriendo en la economía o, teniendo noción, da por sentado que no puede resolver los problemas y por lo tanto se dedica a pasar el tiempo discutiendo cuestiones menores intentando distraer la atención de la gente de la dura lucha cotidiana por sobrevivir a la estampida inflacionaria que ha generado o a sobrevivir en serio de la permanente agresión de la delincuencia.
Por otro lado, la esporádicas apariciones de Cristina Fernández de Kirchner son para formular algunas inconsistencias o superficialidades, mientras su marido, quien parece manejar los verdaderos hilos del poder, se entretiene armando la interna del justicialismo. Hoy cualquiera puede advertir que Argentina es un país a la deriva. Sin rumbo ni nadie que realmente se haga cargo de resolver los problemas que preocupan a la gente.
La pobreza sigue avanzando hasta niveles extremos. Invito al lector y, particularmente, a los funcionarios del gobierno a que pasen por la calle que está debajo del Puente Saavedra en la avenida General Paz. Si uno va desde Vicente López hacia la Capital y pasa por esa calle para tomar la General Paz hacia el Río de la Plata, se va a encontrar con que se ha instalado una villa miseria debajo del puente. Y lo que me espanta no es la villa miseria, me espanta que sigan hablando de crecimiento, nuevo modelo productivo y menor pobreza cuando cualquiera que no viva en una burbuja viajando en helicóptero a su trabajo puede palpar la pobreza en la calle. Más que pobreza: miseria.
Mientras el país marcha a la deriva, cada tanto se van adoptando medidas que, por lo contradictorias que son, reflejan el grado de desconcierto del gobierno frente a los verdaderos problemas del país. En lo estrictamente económico, tenemos a una legión de funcionarios públicos reclamando que los bancos otorguen créditos a largo plazo y tasas bajas para la producción. Piden esto como si el crédito pudiera inventarse de la nada. Y prueba de ello es el papelón que hicieron cuando anunciaron con bombos y platillos los créditos para la vivienda destinados a los inquilinos, anuncio que quedó solamente en los titulares de los diarios.
Veamos una de las tantas contradicciones del Gobierno. Por un lado, pide más créditos al sector privado y, por otro, el Banco Central emite deuda de corto plazo a un ritmo realmente feroz, casi desaforado. Al 31 de diciembre pasado, el stock de deuda de corto plazo (Lebacs, Nobacs y pases pasivos) sumaba $ 52.775 millones. Al 31 de enero de este año, había trepado a los $ 63.205 millones. Un aumento del stock de deuda de casi $ 10.000 millones en un mes. Casi 20% de incremento en sólo 30 días. Esto es lo que se conoce como desplazamiento del sector privado del mercado crediticio.
Claro, si el Central no se hubiera endeudado de esa manera la inflación hubiese estallado aún más, dado que luego de este aumento del endeudamiento, el circulante creció un 25% entre enero de 2007 y enero 2006.
Otra de las contradicciones consiste en pedirle al sector energético que consuma su stock de capital para financiar las tarifas artificialmente bajas y, al mismo tiempo, quejarse por la falta de energía o relativizarla diciendo que el problema energético es causa del crecimiento. La contradicción también se extiende a la demanda de energía. El gobierno pide hacer un uso racional de la energía: ¿acaso no hay nada más racional que consumir más energía si casi me la están regalando?
Continuando con las contradicciones, un poco tarde el kirchnerismo se da cuenta de que necesita inversiones para poder seguir creciendo. Demanda, entonces, más inversiones, lo cual es consistente con su voluntarismo para que aparezca crédito a tasas subsidiadas. Pero mientras reclama más inversiones tiene a un supersecretario (el ministro de Economía brilla por su ausencia) que aprieta a las empresas para que vendan a tal precio, se mete con los costos de producción, inventa que puede existir el crédito barato y una larga lista de medidas compulsivas que no solo entorpecen el funcionamiento de la economía sino que, además, espanta a cualquiera que pretenda hacer una inversión en Argentina.
En síntesis, mientras Néstor se entretiene tejiendo sus nuevos proyectos de poder en el PJ y Cristina usa su tiempo en cuestiones de Estado tan importantes como recibir a la modelo Naomi Campbell, los cantautores Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, Soda Stereo, la reina y la virreina de la Vendimia, el actor Antonio Banderas y su mujer Melanie Griffith o Ricardo Montaner, el país marcha a la deriva y sufre, cada tanto, algún sacudón generado por alguna de las insólitas medidas del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Que se entienda bien: la economía no está en piloto automático. Está a la deriva.
miércoles, febrero 20, 2008
Un Pais A La Deriva
martes, febrero 19, 2008
Seguridad y Derechos Humanos
Pretender acabar con la inseguridad mientras se reivindica a la violencia y los malvivientes, se disculpa a los delicuentes y se avasalla a la Justicia es, simplemente, una locura sin pies ni cabeza que se está cobrando demasiadas víctimas.
El nivel a que se ha llegado en materia de inseguridad física en el país plantea diversos interrogantes respecto de la sociedad argentina, de sus valores, de cómo vota en las elecciones y del orden de prioridades al que atiende.
Una mayoría social parece respaldar a un matrimonio al que, si les preguntan, rescatan su “política de Derechos Humanos” como uno de sus más sólidos logros.
¿En que consiste esa bendita “política”?
Por empezar, en entender que los guerrilleros de los ‘70 eran idealistas que buscaban una sociedad mejor a fuerza de bombazos, secuestros extorsivos, y emboscadas con ráfagas de balazos por la calle y los militares, sanguinarios nazis que, simplemente, por antojo un día se levantaron con ganas de matar gente e hicieron desaparecer de la faz de la tierra a 30.000 personas porque les encantó la idea.
En segundo lugar, que los asesinatos, secuestros y desapariciones de unos no son iguales a los de los otros.
Tercero, que toda noción de orden y rigurosidad legal es sinónimo de represión.
Cuarto, que todo uniformado (llevado a esa condición por el propio Estado, teórico monopolizador del uso de la fuerza) tiene, por ese sólo hecho, prohibida la actuación preventiva que se reputa también, dicho sea de paso, prima facie como “represiva”.
Quinto, que el derecho penal es una rama del orden jurídico que debe tender a desaparecer. Sexto, que la presunción de criminalidad “por apariencia o actitud” debe reputarse como “discriminatoria”.
Al lado de este cuadro hay otras “convicciones” ideológicas tales como que el crimen es un subproducto de la pobreza y que, por lo tanto, los delincuentes son víctimas de la “agresión de la sociedad” por lo que su acción es una forma velada de justicia en donde las víctimas asesinadas y robadas son en realidad victimarios que someten a los delincuentes (calidad en la que caen porque no les queda otro remedio) a la miseria y que, por consecuencia, están recibiendo su merecido.
Con este conjunto de “políticas” y “convicciones”, que la sociedad se olvide: es imposible vivir seguros.
Los delincuentes de este siglo parecen haber ocupado el lugar de los guerrilleros del ’70: no son delincuentes; son la avanzada de la justicia social que busca emparejar los tantos de la desigualdad. Por lo tanto, los mismos privilegios de que gozaron y gozan los terroristas deben ser aplicados ahora a los malvivientes comunes porque su esencia es la misma, la lucha contra la injusticia.
Mientras esta “política” de derechos humanos y antidiscriminación esté vigente no se podrá caminar seguro por las calles de la Argentina.
El misterio consiste en saber por qué un gobierno que encarna estos extremos goza del respaldo mayoritario de la sociedad, cuyos ciudadanos caen bajo las balas de la delincuencia. Esta sociedad que salió a la calle porque sus $3.500 de ahorro habían quedado atrapados en el corralito, se mantiene, en cambio, muda y paralizada a la hora de exigir que todas estas estupideces vendidas como “políticas”, “principios” y “convicciones” sean sepultadas para siempre y sean reemplazadas por la ley, la autoridad legal del Estado y por el sentido común.
¿Será que a la “humana” y “cálida” sociedad argentina lo único que le importa es la guita? ¿Será que los argentinos se venden a sí mismos el cuento de que les gusta vivir una vida agradable y familiar antes de estar alienados como los norteamericanos por “la cultura del dólar”, pero en realidad a lo único que le prestan atención y por lo único que se movilizan es la plata y el bolsillo? ¿Será eso?
Más allá de que el método callejero claramente no comulga con la civilización, puesto que en la Argentina parecería que todas las controversias se resuelven en la calle, desde Cromañón hasta el Corralón, ¿por qué no hay cientos de miles de personas en la calle, noche y día, sin interrupción, con sistemas de rotación como tienen los profesionales de los cortes de Entre Ríos, enfrente de la quinta presidencial de Olivos, por ejemplo, exigiendo que ya no muera más gente inocente cuyo único crimen consiste en pretender trabajar decentemente para, entre otras cosas, mantener a la casta de inoperantes que debería protegerlos? Simplemente, ¿por qué?
El ejercicio de contestar estas preguntas nos haría muy bien como sociedad. ¿Es cierto que nos sentimos representados por las “políticas” y “convicciones” de este gobierno? ¿Es cierto que creemos que la sociedad es la que victimiza a los delincuentes y que se tiene merecido lo que le pasa por ser la causante de su miseria? ¿Es cierto que creemos que los pobres son delincuentes porque son pobres? ¿O, en realidad, estamos metidos en una enorme hipocresía cuyo fondo consiste en respaldar los métodos K porque creemos que la economía se recuperó gracias a él? Y cuando la economía falle (porque en realidad se recuperó a pesar de él), ¿le caeremos con toda nuestra furia culpándolo no sólo del colapso sino diciendo también que “desde la primera hora” habíamos advertido sobre su inoperancia? ¿Diremos “yo te dije que nunca me había gustado”?
¿Hasta cuándo viviremos en esta mentira? ¿Hasta cuando la inmundicia de la eterna careteada será la pincelada que caracterice nuestra personalidad? ¿Por qué lo que decimos en la escondida privacidad de un café con amigos lo ocultamos cuando se nos consulta en público o cuando nos llaman a votar?
La Argentina se eztá convirtiendo en una enorme podredumbre en donde unos pocos multiplican sus millones, mientras otros no tienen ni la mínima seguridad de regresar sanos y salvos a sus casas. El país no exige explicaciones por nada. Mil millones desaparecen de una provincia y dale que va. Una persona maneja miles de millones de pesos del presupuesto público sin darle cuentas a nadie y dale que va. La justicia se burla de los contribuyentes liberando asesinos y dale que va. Nos hacen creer que la inflación es del 0.9% y dale que va.
No sería extraño que, siguiendo nuestras costumbres, un día estallemos y salgamos a pedir “mano dura”, si es preciso, por fuera de la ley. Será el día en que por no atender la seguridad física de las personas por una enfermiza “política” de Derechos Humanos, perderemos, de nuevo, los verdaderos Derechos Humanos.
En el país del “dale que va”, las políticas de cartón y las “convicciones” de oropel siguen matando a la gente en medio del silencio mayoritario, como si fuera un paisaje al que nos hubiéramos acostumbrado o al que haya que acostumbrarse. Algo muy feo debe estar pasando en los pliegues más íntimos de la conciencia argentina para que tanto olor a podrido no nos impulse a actuar y a exigir que el sentido común vuelva a tener un lugar en el país y reemplace para siempre una política que, disfrazada de “principista”, ha resultado tan demencial como equivocada.
Carlos Mira
© www.economiaparatodos.com.ar
El nivel a que se ha llegado en materia de inseguridad física en el país plantea diversos interrogantes respecto de la sociedad argentina, de sus valores, de cómo vota en las elecciones y del orden de prioridades al que atiende.
Una mayoría social parece respaldar a un matrimonio al que, si les preguntan, rescatan su “política de Derechos Humanos” como uno de sus más sólidos logros.
¿En que consiste esa bendita “política”?
Por empezar, en entender que los guerrilleros de los ‘70 eran idealistas que buscaban una sociedad mejor a fuerza de bombazos, secuestros extorsivos, y emboscadas con ráfagas de balazos por la calle y los militares, sanguinarios nazis que, simplemente, por antojo un día se levantaron con ganas de matar gente e hicieron desaparecer de la faz de la tierra a 30.000 personas porque les encantó la idea.
En segundo lugar, que los asesinatos, secuestros y desapariciones de unos no son iguales a los de los otros.
Tercero, que toda noción de orden y rigurosidad legal es sinónimo de represión.
Cuarto, que todo uniformado (llevado a esa condición por el propio Estado, teórico monopolizador del uso de la fuerza) tiene, por ese sólo hecho, prohibida la actuación preventiva que se reputa también, dicho sea de paso, prima facie como “represiva”.
Quinto, que el derecho penal es una rama del orden jurídico que debe tender a desaparecer. Sexto, que la presunción de criminalidad “por apariencia o actitud” debe reputarse como “discriminatoria”.
Al lado de este cuadro hay otras “convicciones” ideológicas tales como que el crimen es un subproducto de la pobreza y que, por lo tanto, los delincuentes son víctimas de la “agresión de la sociedad” por lo que su acción es una forma velada de justicia en donde las víctimas asesinadas y robadas son en realidad victimarios que someten a los delincuentes (calidad en la que caen porque no les queda otro remedio) a la miseria y que, por consecuencia, están recibiendo su merecido.
Con este conjunto de “políticas” y “convicciones”, que la sociedad se olvide: es imposible vivir seguros.
Los delincuentes de este siglo parecen haber ocupado el lugar de los guerrilleros del ’70: no son delincuentes; son la avanzada de la justicia social que busca emparejar los tantos de la desigualdad. Por lo tanto, los mismos privilegios de que gozaron y gozan los terroristas deben ser aplicados ahora a los malvivientes comunes porque su esencia es la misma, la lucha contra la injusticia.
Mientras esta “política” de derechos humanos y antidiscriminación esté vigente no se podrá caminar seguro por las calles de la Argentina.
El misterio consiste en saber por qué un gobierno que encarna estos extremos goza del respaldo mayoritario de la sociedad, cuyos ciudadanos caen bajo las balas de la delincuencia. Esta sociedad que salió a la calle porque sus $3.500 de ahorro habían quedado atrapados en el corralito, se mantiene, en cambio, muda y paralizada a la hora de exigir que todas estas estupideces vendidas como “políticas”, “principios” y “convicciones” sean sepultadas para siempre y sean reemplazadas por la ley, la autoridad legal del Estado y por el sentido común.
¿Será que a la “humana” y “cálida” sociedad argentina lo único que le importa es la guita? ¿Será que los argentinos se venden a sí mismos el cuento de que les gusta vivir una vida agradable y familiar antes de estar alienados como los norteamericanos por “la cultura del dólar”, pero en realidad a lo único que le prestan atención y por lo único que se movilizan es la plata y el bolsillo? ¿Será eso?
Más allá de que el método callejero claramente no comulga con la civilización, puesto que en la Argentina parecería que todas las controversias se resuelven en la calle, desde Cromañón hasta el Corralón, ¿por qué no hay cientos de miles de personas en la calle, noche y día, sin interrupción, con sistemas de rotación como tienen los profesionales de los cortes de Entre Ríos, enfrente de la quinta presidencial de Olivos, por ejemplo, exigiendo que ya no muera más gente inocente cuyo único crimen consiste en pretender trabajar decentemente para, entre otras cosas, mantener a la casta de inoperantes que debería protegerlos? Simplemente, ¿por qué?
El ejercicio de contestar estas preguntas nos haría muy bien como sociedad. ¿Es cierto que nos sentimos representados por las “políticas” y “convicciones” de este gobierno? ¿Es cierto que creemos que la sociedad es la que victimiza a los delincuentes y que se tiene merecido lo que le pasa por ser la causante de su miseria? ¿Es cierto que creemos que los pobres son delincuentes porque son pobres? ¿O, en realidad, estamos metidos en una enorme hipocresía cuyo fondo consiste en respaldar los métodos K porque creemos que la economía se recuperó gracias a él? Y cuando la economía falle (porque en realidad se recuperó a pesar de él), ¿le caeremos con toda nuestra furia culpándolo no sólo del colapso sino diciendo también que “desde la primera hora” habíamos advertido sobre su inoperancia? ¿Diremos “yo te dije que nunca me había gustado”?
¿Hasta cuándo viviremos en esta mentira? ¿Hasta cuando la inmundicia de la eterna careteada será la pincelada que caracterice nuestra personalidad? ¿Por qué lo que decimos en la escondida privacidad de un café con amigos lo ocultamos cuando se nos consulta en público o cuando nos llaman a votar?
La Argentina se eztá convirtiendo en una enorme podredumbre en donde unos pocos multiplican sus millones, mientras otros no tienen ni la mínima seguridad de regresar sanos y salvos a sus casas. El país no exige explicaciones por nada. Mil millones desaparecen de una provincia y dale que va. Una persona maneja miles de millones de pesos del presupuesto público sin darle cuentas a nadie y dale que va. La justicia se burla de los contribuyentes liberando asesinos y dale que va. Nos hacen creer que la inflación es del 0.9% y dale que va.
No sería extraño que, siguiendo nuestras costumbres, un día estallemos y salgamos a pedir “mano dura”, si es preciso, por fuera de la ley. Será el día en que por no atender la seguridad física de las personas por una enfermiza “política” de Derechos Humanos, perderemos, de nuevo, los verdaderos Derechos Humanos.
En el país del “dale que va”, las políticas de cartón y las “convicciones” de oropel siguen matando a la gente en medio del silencio mayoritario, como si fuera un paisaje al que nos hubiéramos acostumbrado o al que haya que acostumbrarse. Algo muy feo debe estar pasando en los pliegues más íntimos de la conciencia argentina para que tanto olor a podrido no nos impulse a actuar y a exigir que el sentido común vuelva a tener un lugar en el país y reemplace para siempre una política que, disfrazada de “principista”, ha resultado tan demencial como equivocada.
Carlos Mira
© www.economiaparatodos.com.ar
lunes, febrero 18, 2008
Política Argentina
Solamente en la Argentina se producen ciertas situaciones. En cualquier otro escenario, esos mismos hechos, resultan directamente impensados. Es cierto que no hay paraísos terrenales, que cada geografía sufre sus percances, pero hay que asumir que Latinoamérica, cada día, parece una masa menos amorfa y más homogénea, aun cuando algunos países todavía se mantengan inmunes a ciertas “epidemias”. Sin lugar a dudas, el absurdo y la contradicción son las características más arraigadas en este confín del planeta, y la Argentina intenta destacarse con bastante eficiencia.
En el transcurso de un día, los argentinos somos capaces de pasar del asombro y desconcierto que genera la noticia del RR.PP. detenido en la orilla de enfrente a raíz de un choque que provocó dos muertes, a una indiferencia total cuando en una esquina porteña una mujer y su hijo de tres años mueren atropellados por un automovilista que decidió hacer de la calle una pista. En la Argentina, ese hombre permanece libre y hasta es protegido para que ningún vecino “desequilibrado” intente hacerle daño. De alguna manera podría decirse que cuidamos a los victimarios y olvidamos las víctimas. No faltará quien aduzca que la señora y su vástago cruzaron demasiado despacio o no se detuvieron en medio de la calle para que el auto pasara sin molestarse. Argumentos bien argentinos para justificar lo injustificable.
No es ese un simple dato, ni una anécdota, ni acaba la gran contradicción argentina con la crítica a esa especie de garantismo jurídico que, en rigor, no es sino un eufemismo para justificar que la justicia no importa un ápice cuando la economía se mantiene medianamente estable. Lo económico es, en definitiva, el único componente tenido en cuenta para medir y explicar el crecimiento y la calidad de vida. Pero ése es otro engaño: con más actividad económica, con la soja bienaventurada y millones de chinos deseándola, con los commodities –por ahora– impávidos ante la crisis internacional en ciernes, el Dakar en Argentina o el tren bala de la imaginación de Cristina no nos cambia nada. Posiblemente le cambie el panorama al kirchnerismo que hace de todo aquello un arma comunicacional capaz de vender un país oficial diferente sustancialmente al país paralelo, ése que se vive todos los días sin cámaras ni publicidad. En él, la calidad de vida no proviene del precio de la soja o de la evolución de la Bolsa porque toda ganancia financiera no garantiza que pueda disfrutarse esencialmente la vida.
En la proclama de índices macroeconómicos no se tiene en cuenta el temor a ser victima de la delincuencia, a morir en una carretera, ni se menciona el crecimiento de habitantes en cementerios, paradero irremediable ante el olvido de otras variables ajenas a los números y ausente en los discursos oficiales. Hay problemas intrínsecos que exceden la política y la economía, limitadas ambas a la figura de Néstor Kirchner, y que explican que siempre estemos soñando una Argentina distinta. En el sopor del sueño, no se atina a tomar conciencia de la inacción que nos caracteriza ante situaciones incomprensibles y absurdas que se nos venden como episodios cotidianos y naturales más que como anacronías.
Veamos, por ejemplo, que mientras quienes asesinaron a los policías en la localidad de Ezeiza antes de la elección presidencial, causando tanta indignación en la dirigencia, siguen sin identidad y sin paradero, sueltos como sucede también con el violador de Lucila Yaconiz o aquellos que trepan como el hombre araña para entrar por balcones y ventanas o mismo quienes matan a un automovilista en plena autopista Panamericana… Pero, por tratar de robar un Mantecol en un local de la cadena de hipermercados Coto, un joven va a juicio oral y público después de que la Cámara del Crimen confirmara su procesamiento por el delito de “hurto simple en grado de tentativa”. El delito está, pero si no se puede con todo, al menos habría que evaluar qué es lo urgente y qué lo importante, establecer prioridades.
Para el Gobierno es urgente e importante detener a militares octogenarios que hace casi 40 años se supone que participaron en la Masacre de Trelew… A propósito, ¿cuántos argentinos saben de qué se trató, cómo, cuándo o por qué sucedió? Sin mucho razonamiento científico cabe deducir que para nuestros gobernantes esa gente en la calle es más peligrosa que los que hoy matan, violan y siguen llenando cementerios con total impunidad. A simple vista, se observa que no son sólo los precios que suben y bajan, por obra y gracia de un secretario de Comercio que aprieta y extorsiona, aquello que define cuán bien nos va y qué clase de progreso estamos teniendo. Nada aporta a las víctimas de la delincuencia y la desidia que el PBI haya crecido un 8,7%. Hoy, la calidad de vida parece pasar por la categoría del cementerio donde vamos a parar…
No vendría mal que algún cronista preguntara, sin ir más lejos, a la familia del hombre asesinado esta semana frente a su hijo de 16 años si vive con más calidad porque le “congelaron” la cuota del colegio (aunque luego venga la “cuota reparación”, el nuevo invento) o haya “convenios con el Gobierno” por los precios…
Hay debates que no se están dando en la sociedad y hay fórmulas y datos de crecimiento que distan de evidenciar y medir si crecemos en verdad. Nos quedamos debatiendo la capacidad de Kirchner para cooptar o esmerilar adversarios efímeros, las internas en el Ejecutivo, la influencia de Chávez y Evo Morales, o el vestuario de la dama que ocupa, decorativamente, el sillón de Rivadavia como si eso fuese lo importante. Si los vaivenes de la crisis financiera internacional no afectan el dólar o si Martín Lousteau es más o menos ministro que otro funcionario del área son los temas que impone la agenda política junto a un folletín que no merece siquiera dos renglones por su escasa credibilidad: la reorganización del Partido Justicialista para “democratizar” sus filas.
En la medida en que los argentinos no empecemos a debatir las diferencias entre lo que es justo y lo que no, entre aquello que nos da calidad de vida y aquello que sólo da furtivo confort, y sigamos inmersos en la temática que impone el Gobierno a través de los medios, la Argentina seguirá siendo inexplicable no sólo para el mundo, sino también para nosotros mismos, que no sabemos ya si la calidad está en la vida o en los entierros.
Gabriela Pousa
© www.economiaparatodos.com.ar
En el transcurso de un día, los argentinos somos capaces de pasar del asombro y desconcierto que genera la noticia del RR.PP. detenido en la orilla de enfrente a raíz de un choque que provocó dos muertes, a una indiferencia total cuando en una esquina porteña una mujer y su hijo de tres años mueren atropellados por un automovilista que decidió hacer de la calle una pista. En la Argentina, ese hombre permanece libre y hasta es protegido para que ningún vecino “desequilibrado” intente hacerle daño. De alguna manera podría decirse que cuidamos a los victimarios y olvidamos las víctimas. No faltará quien aduzca que la señora y su vástago cruzaron demasiado despacio o no se detuvieron en medio de la calle para que el auto pasara sin molestarse. Argumentos bien argentinos para justificar lo injustificable.
No es ese un simple dato, ni una anécdota, ni acaba la gran contradicción argentina con la crítica a esa especie de garantismo jurídico que, en rigor, no es sino un eufemismo para justificar que la justicia no importa un ápice cuando la economía se mantiene medianamente estable. Lo económico es, en definitiva, el único componente tenido en cuenta para medir y explicar el crecimiento y la calidad de vida. Pero ése es otro engaño: con más actividad económica, con la soja bienaventurada y millones de chinos deseándola, con los commodities –por ahora– impávidos ante la crisis internacional en ciernes, el Dakar en Argentina o el tren bala de la imaginación de Cristina no nos cambia nada. Posiblemente le cambie el panorama al kirchnerismo que hace de todo aquello un arma comunicacional capaz de vender un país oficial diferente sustancialmente al país paralelo, ése que se vive todos los días sin cámaras ni publicidad. En él, la calidad de vida no proviene del precio de la soja o de la evolución de la Bolsa porque toda ganancia financiera no garantiza que pueda disfrutarse esencialmente la vida.
En la proclama de índices macroeconómicos no se tiene en cuenta el temor a ser victima de la delincuencia, a morir en una carretera, ni se menciona el crecimiento de habitantes en cementerios, paradero irremediable ante el olvido de otras variables ajenas a los números y ausente en los discursos oficiales. Hay problemas intrínsecos que exceden la política y la economía, limitadas ambas a la figura de Néstor Kirchner, y que explican que siempre estemos soñando una Argentina distinta. En el sopor del sueño, no se atina a tomar conciencia de la inacción que nos caracteriza ante situaciones incomprensibles y absurdas que se nos venden como episodios cotidianos y naturales más que como anacronías.
Veamos, por ejemplo, que mientras quienes asesinaron a los policías en la localidad de Ezeiza antes de la elección presidencial, causando tanta indignación en la dirigencia, siguen sin identidad y sin paradero, sueltos como sucede también con el violador de Lucila Yaconiz o aquellos que trepan como el hombre araña para entrar por balcones y ventanas o mismo quienes matan a un automovilista en plena autopista Panamericana… Pero, por tratar de robar un Mantecol en un local de la cadena de hipermercados Coto, un joven va a juicio oral y público después de que la Cámara del Crimen confirmara su procesamiento por el delito de “hurto simple en grado de tentativa”. El delito está, pero si no se puede con todo, al menos habría que evaluar qué es lo urgente y qué lo importante, establecer prioridades.
Para el Gobierno es urgente e importante detener a militares octogenarios que hace casi 40 años se supone que participaron en la Masacre de Trelew… A propósito, ¿cuántos argentinos saben de qué se trató, cómo, cuándo o por qué sucedió? Sin mucho razonamiento científico cabe deducir que para nuestros gobernantes esa gente en la calle es más peligrosa que los que hoy matan, violan y siguen llenando cementerios con total impunidad. A simple vista, se observa que no son sólo los precios que suben y bajan, por obra y gracia de un secretario de Comercio que aprieta y extorsiona, aquello que define cuán bien nos va y qué clase de progreso estamos teniendo. Nada aporta a las víctimas de la delincuencia y la desidia que el PBI haya crecido un 8,7%. Hoy, la calidad de vida parece pasar por la categoría del cementerio donde vamos a parar…
No vendría mal que algún cronista preguntara, sin ir más lejos, a la familia del hombre asesinado esta semana frente a su hijo de 16 años si vive con más calidad porque le “congelaron” la cuota del colegio (aunque luego venga la “cuota reparación”, el nuevo invento) o haya “convenios con el Gobierno” por los precios…
Hay debates que no se están dando en la sociedad y hay fórmulas y datos de crecimiento que distan de evidenciar y medir si crecemos en verdad. Nos quedamos debatiendo la capacidad de Kirchner para cooptar o esmerilar adversarios efímeros, las internas en el Ejecutivo, la influencia de Chávez y Evo Morales, o el vestuario de la dama que ocupa, decorativamente, el sillón de Rivadavia como si eso fuese lo importante. Si los vaivenes de la crisis financiera internacional no afectan el dólar o si Martín Lousteau es más o menos ministro que otro funcionario del área son los temas que impone la agenda política junto a un folletín que no merece siquiera dos renglones por su escasa credibilidad: la reorganización del Partido Justicialista para “democratizar” sus filas.
En la medida en que los argentinos no empecemos a debatir las diferencias entre lo que es justo y lo que no, entre aquello que nos da calidad de vida y aquello que sólo da furtivo confort, y sigamos inmersos en la temática que impone el Gobierno a través de los medios, la Argentina seguirá siendo inexplicable no sólo para el mundo, sino también para nosotros mismos, que no sabemos ya si la calidad está en la vida o en los entierros.
Gabriela Pousa
© www.economiaparatodos.com.ar
miércoles, febrero 13, 2008
El Reino Del Revés
Un país donde el litro de leche cuesta más o menos lo mismo que un litro de cerveza y es más caro que una caja de vino (si es que a "eso" que viene en “tetra brick” se le puede llamar vino), tiene serios problemas, y en nuestro país ocurre exactamente eso.
Mientras quien hace de “súper ministro”, el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, se encarga de “apretar” y controlar el índice de precios de muchísimos productos, entre ellos los de la canasta básica y particularmente el de la leche; y el mediático recaudador de impuestos de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, persigue a los productores agropecuarios para poder sacarles más impuestos, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner firmó un convenio entre el Gobierno y bodegueros mendocinos que suspende la aplicación del impuesto interno para la producción de champagne y vinos espumantes.
El decreto 248 publicado en el Boletín Oficial establece la exención impositiva, en consideración al cumplimiento del "Acta Compromiso" firmada entre el sector privado y el Gobierno en el año 2005.
Dicho convenio se había firmado con la condición de que los bodegueros se comprometieran a invertir en el sector.
Ahora bien ¿cuál es la gracia? ¿Por qué parecería que si los bodegueros invierten estarían haciendo una obra de caridad. ¿Qué empresario medianamente coherente no reinvierte en lo que produce?
Si bien es positivo que se invierta, lo lógico es que estas medidas sean equitativas, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que recibe un empresario que fabrica mesas y sillas, por citar solo un caso?
Por otro lado vemos que a ciertos sectores se los castiga, como a los productores agropecuarios y a los tamberos, quienes al igual que los bodegueros también invierten, ¿o acaso el Estado los benefició con algún acuerdo similar? Todo lo contrario, les aplican retenciones y los obligan a vender en el mercado interno a un precio regulado.
Otro problema parecido es el que tiene la empresa petrolera Shell, que se ve obligada a parar la producción de naftas ya que al prohibirse la exportación, ya no posee espacio físico para almacenarla, mientras en el interior del país existe un mercado negro del gasoil y se vende a más alto precio que la nafta súper.
Cuando uno espera que el Estado controle y/o regule, en lo último que piensa es en que tome medidas arbitrarias. En cualquier lugar del mundo los artículos suntuarios (lo que sea: automóviles, joyas, vinos espumantes e incluso cigarrillos) tributan más que cualquier artículo de la canasta básica, simplemente porque quien lo obtiene o lo consume exterioriza tener capacidad contributiva.
Con esta privatización encubierta de los tributos públicos ¿cómo se explica que esos impuestos —que terminará pagando indefectiblemente el consumidor— vayan a parar directamente a las empresas para que reinviertan, quizás aumentando la capacidad de producción en propio beneficio, en vez de ir a parar a mejorar la policía, o las escuelas y los hospitales, cuando Mendoza lo necesita de forma urgente?
En los países medianamente “normales”, tanto el tabaco, como el juego y el alcohol, pagan impuestos especiales, o sea impuestos más caros, los que luego se vuelcan en infraestructura. Por eso, como dijimos, un país donde la leche es más cara que el vino o la cerveza, está en serios problemas. Y nuestros problemas... saltan a la vista.
se puede ver el original en http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=3538
Mientras quien hace de “súper ministro”, el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, se encarga de “apretar” y controlar el índice de precios de muchísimos productos, entre ellos los de la canasta básica y particularmente el de la leche; y el mediático recaudador de impuestos de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, persigue a los productores agropecuarios para poder sacarles más impuestos, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner firmó un convenio entre el Gobierno y bodegueros mendocinos que suspende la aplicación del impuesto interno para la producción de champagne y vinos espumantes.
El decreto 248 publicado en el Boletín Oficial establece la exención impositiva, en consideración al cumplimiento del "Acta Compromiso" firmada entre el sector privado y el Gobierno en el año 2005.
Dicho convenio se había firmado con la condición de que los bodegueros se comprometieran a invertir en el sector.
Ahora bien ¿cuál es la gracia? ¿Por qué parecería que si los bodegueros invierten estarían haciendo una obra de caridad. ¿Qué empresario medianamente coherente no reinvierte en lo que produce?
Si bien es positivo que se invierta, lo lógico es que estas medidas sean equitativas, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que recibe un empresario que fabrica mesas y sillas, por citar solo un caso?
Por otro lado vemos que a ciertos sectores se los castiga, como a los productores agropecuarios y a los tamberos, quienes al igual que los bodegueros también invierten, ¿o acaso el Estado los benefició con algún acuerdo similar? Todo lo contrario, les aplican retenciones y los obligan a vender en el mercado interno a un precio regulado.
Otro problema parecido es el que tiene la empresa petrolera Shell, que se ve obligada a parar la producción de naftas ya que al prohibirse la exportación, ya no posee espacio físico para almacenarla, mientras en el interior del país existe un mercado negro del gasoil y se vende a más alto precio que la nafta súper.
Cuando uno espera que el Estado controle y/o regule, en lo último que piensa es en que tome medidas arbitrarias. En cualquier lugar del mundo los artículos suntuarios (lo que sea: automóviles, joyas, vinos espumantes e incluso cigarrillos) tributan más que cualquier artículo de la canasta básica, simplemente porque quien lo obtiene o lo consume exterioriza tener capacidad contributiva.
Con esta privatización encubierta de los tributos públicos ¿cómo se explica que esos impuestos —que terminará pagando indefectiblemente el consumidor— vayan a parar directamente a las empresas para que reinviertan, quizás aumentando la capacidad de producción en propio beneficio, en vez de ir a parar a mejorar la policía, o las escuelas y los hospitales, cuando Mendoza lo necesita de forma urgente?
En los países medianamente “normales”, tanto el tabaco, como el juego y el alcohol, pagan impuestos especiales, o sea impuestos más caros, los que luego se vuelcan en infraestructura. Por eso, como dijimos, un país donde la leche es más cara que el vino o la cerveza, está en serios problemas. Y nuestros problemas... saltan a la vista.
Pablo Dócimo
se puede ver el original en http://www.periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=3538
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